Documento extraído de Jose Marrero López:
FUENTE: LE MONDE DIPLOMATIQUE. FEBRERO 2011 ARTÍCULO «EL NEGOCIO DE LA ESCLAVITUD» FERNANDA BALATTI.
Dos siglos después de la abolición del comercio de esclavos, la trata de personas constituye el segundo negocio ilícito lucrativo en el mundo, apenas detrás del narcotráfico y por encima de la venta clandestina de armas.
Reclutadores, transportistas, proxenetas, dueños de prostíbulos, de agencias de turismo sexual, de fábricas textiles o fincas agropecuarias, delincuentes que tienen en el tráfico humano su fuente de ingresos controlan en su conjunto al menos 31.700 millones de dólares al año, de los cuales 28.000 millones son producto de la prostitución forzada.
Según cifras del Ministerio del Interior, hay en el estado español más de 5.000 personas sometidas a la trata. La trata de personas consiste en «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos.
En 2003, el estado español firmó el Protocolo firmó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños. Sin embargo, en su informe Tráfico de Personas. Patrones Globales (2007), la ONU afirma que el estado español está entre los diez países con incidencia más alta en lo relativo a la trata de persona con fines de explotación sexual.
En el mundo hay 12,3 millones de personas sometidas a trabajo forzoso (4 «esclavos» por 1000 trabajadores). Dentro de la trata, un 40% corresponde a la explotación sexual, un 30% a la explotación económica y un 20% a una categoría mixta. En cuanto al sexo de las víctimas, el 56% son mujeres y el 44% son hombres, denotando una gran diferencia respecto a la forma de explotación sexual, donde el 98% son mujeres y el 2% hombres.
Respecto a la distribución geográfica, la región de Asia y del Pacífico es donde se concentra un mayor número de víctimas (1,36 millones), seguida de las economías industrializadas (270.000), Latinoamérica y Caribe (25.000), Oriente Medio y Norte de África (230.000), Economías de transición (200.000) y África Subsahariana (130.000).
Diecisiete organizaciones dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual fueron detectadas en 2009 en España. La mayoría de las mujeres explotadas sexualmente procedían de Brasil y Rumanía, y las mafias de la trata actuaban con especial virulencia en Barcelona, la Comunidad Valenciana y Madrid.
FUENTE: ECONOMÍA EXTERIOR VERANO 2009
Se estimó en el año 2000 que cerca de 1,2 millones de niños fueron víctimas de trata para explotación sexual y laboral. Más del 80% de ellos eran niñas., según Unicef.
Los principales grupos delictivos organizados en el mundo descubrieron las tendencias que se dibujaban en el planeta en la trata de seres humanos. Organizados inicialmente por ámbitos geográficos, dichos grupos van destacando por su capacidad para extenderse a lo largo del planeta, aunque aún quedan quienes priorizan el tráfico sexual en Japón como los Yakuza. En lo que a los grupos transnacionalizados respecta, las bandas albano-kosovares están especializadas en tráfico y trata, así como en robos y tráfico de droga; las mafias bulgaras están también muy presentes en la trata de mujeres para alimentar las redes de prostitución, como también lo están mafias parecidas procedentes de Rumanía y Turquía. Las Tríadas chinas canalizan el lucrativo negocio del envío de emigrantes chinos al exterior, un tráfico que suele conllevar trata al mantenerse controlados por una red la inmensa mayoría de los ciudadanos chinos asentados en el extranjero, y sujetos con frecuencia por amenazas contra ellos mismos o contra sus familias en China.Finalmente, los tradicionales grupos de delincuencia organizada italianos – la calabresa N´drangheta, la napolitana Camorra, la siciliana Cosa Nostra o la Sacra Corona Unita de Puglia – tienen en el tráfico y la trata de personas un importante nicho para su actividad criminal.Las mafias rusas procedentes de territorios de la antigua Unión Soviética: de las cinco más destacadas – Solntsevskaya, Podoskaya, Mazukiskaya, Izamailovskaya y Tambovskaya, que tienen actividades también en el ámbito del tráfico de personas y de la trata, en especial de mujeres y niños.
Los escenarios del tráfico y la trata en el mundo.
Tráfico y trata tiene su mayor reflejo alrededor de las tres grandes fronteras migratorias del mundo: la que separa Estados Unidos de América Latina; la que separa la antigua Europa oriental de Europa occidental, y la que separa Europa de África, con epicentros en España e Italia. Víctimas potenciales de tráfico y trata procedentes de México, Colombia, Perú y Ecuador llegan a EE.UU., al igual que al estado español.
En cuanto a los Estados de la antigua Europa del Este, tras el fin de la guerra fría han pasado a constituir una de las principales canteras para alimentar los tráficos y las tratas. Muchas mujeres procedentes de países como Rumanía, Ucrania, Moldavia o Bulgaria han sido víctimas de estos tráficos. Cabe destacar que mafias ucranianas han monopolizado en estos últimos años en Italia el envío de mujeres como empleadas domésticas y a negocios de prostitución.
Las guerras balcánicas de la década de los noventa expulsaron también a población de esta región hacia Europa occidental, y a su vez la evolución de los conflictos hizo de países como Bosnia-Herzegovina no sólo lugar de origen sino de tránsito y destino de víctimas de trata de seres humanos: mujeres de Ucrania, Moldavia, Bulgaria o Rumania fueron llevadas a ese país y también a Kosovo para ser prostituidas ante la enorme demanda producida por el ingente tráfico de extranjeros. Kosovo es hoy uno de los principales puntos de distribución de heroína y de trata de blancas de toda Europa.
En el Mediterráneo occidental, marroquíes, otros magrebíes y subsaharianos son víctimas de las redes de tráfico de personas que realizan sus operaciones entre África septentrional y los dos principales países de entrada a la UE: Italia y el estado español. Italia atrae flujos de subsaharianos pero también del cuerno de África, Egipto, Oriente Próximo, Turquía y otros lugares.
Muchos somalíes y etíopes tratan en primer lugar de huir hacia el cercano Yemen- el 40% de quienes consiguen llegar a sus costas son etíopes que parten de las ciudades de Bossasso en Puntland o de Burao en Somalilandia- pero muchos otros optan por la larga ruta hacia Italia.
En cuanto a los nigerianos que viven en Europa, la mitad se localiza en el Reino Unido y el resto en Holanda, España, Alemania, Bélgica, Austria, Francia e Italia. El fenómeno de la trata está íntimamente ligado a algunas comunidades de nigerianos asentados en Europa, sobre todo de mujeres obligadas a prostituirse, se refleja visiblemente en Italia, el segundo país europeo con mujeres nigerianas víctimas de trata y donde las mafias nigerianas vienen monopolizando tatno la prostitución como la distribución de drogas como la cocaína.
FUENTE. AMNISTÍA INTERNACIONAL
El caso del CIE de Málaga
En julio de 2006, presuntos abusos de índole sexual contra internas en el CIE de “Capuchinos” de Málaga, motivaron una investigación de la UCRIF (Unidad contra las redes de inmigración y falsificación documental) de la Policía Nacional. Según las declaraciones de las trabajadoras de la limpieza, los hechos llevaban produciéndose desde al menos un año y medio antes. En sus declaraciones las internas expresaron que funcionarios policiales durante el turno de noche se acercaban a las internas acariciándolas y pidiéndolas bailar con ellos, y algunos agentes mantenían relaciones sexuales con éstas. De acuerdo a la versión de algunas internas los funcionarios “no obligaban a ninguna a bajar, pero que si un policía te decía que fueras, pues lo hacías”, que “bajaban voluntariamente, ya que no se atrevían a negarse” y que “aunque no era una situación agradable, accedieron a participar porque tenían miedo”.
Según sus declaraciones, las internas no podían recibir alimentos del exterior a pesar de que la alimentación era escasa, ni comunicarse telefónicamente con familiares o acceder a su equipaje; condición que habría sido aprovechada por los agentes para “recompensar” a las internas que accedían a sus peticiones. El 26 de julio de 2006 fue incluido en las investigaciones el propio Jefe de Seguridad del CIE por hechos que comprendían reclamar favores sexuales a una interna a cambio de gestiones que podrían incidir en su puesta en libertad. También fue denunciado otro funcionario de un turno distinto por presuntos abusos sexuales contra una interna. El día 21 de julio de 2006 fueron detenidos siete funcionarios policiales por su presunta implicación en los citados hechos, y el 22 de julio el Juzgado de Instrucción decretó la prisión preventiva para seis de ellos. Todos salieron en libertad el 2 de agosto de 2006 y, desde entonces, permanecen en libertad, suspendidos temporalmente de empleo y sueldo, en espera de que se dicte sentencia en el procedimiento penal. Según informaciones recibidas por Amnistía Internacional, actualmente en ese CIE se ha implantado la medida de que en todos los turnos de custodia policial del módulo de mujeres se incorpore, al menos, a una funcionaria. En los restantes CIEs a la organización no le consta que se haya tomado ninguna medida para prevenir este tipo de abusos.
Tras la denuncia, las diez mujeres que testificaron en contra de los agentes pidieron protección y que se mantuviese su identidad en el anonimato, por miedo a posibles represalias. El juzgado decidió considerarles “testigos protegidas”, pero la protección judicial ofrecida se redujo a la omisión de su identidad en las actuaciones, ya que todas ellas continuaron ingresadas en el CIE después de su denuncia. A pesar de que en una ampliación de la denuncia, una semana después de la primera, varias de las víctimas relataron haber sufrido represalias por parte de los funcionarios policiales, que “desde el inicio del procedimiento estaban más agresivos con ellas (…), que les estaban tratando muy mal desde el ingreso en prisión de los policías”, el juzgado no tomó ninguna medida de protección hacia ellas. Cuando el 26 de julio de 2006 el abogado de oficio de las víctimas pidió el cese del internamiento en el mismo recinto donde ocurrieron los abusos y su sustitución por la presentación de las víctimas ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes o por el ingreso en un centro custodiado por personal civil, la jueza respondió que carecía de competencia para decidir sobre estas cuestiones, y las mujeres continuaron en el CIE.
Los abogados de las víctimas también solicitaron la suspensión de las órdenes de expulsión, dada su condición de víctimas y testigos protegidos de un procedimiento por delitos de gran entidad. La jueza manifestó que no le correspondía a ella decidir sobre la cuestión. Una de las testigos de origen brasileño, sufrió una hemorragia vaginal el día 17 de agosto de 2006. A pesar de que las internas llamaron durante más de una hora a los funcionarios pidiendo auxilio, no fue asistida de inmediato, retrasándose su traslado a un hospital. Ahí permaneció esposada a la cama, y todas las pruebas ginecológicas a las que fue sometida se le practicaron en presencia de una pareja de funcionarios de policía, uno de ellos varón. Finalmente, según ella misma relató, “mientras estaba abortando, y la médico estaba extrayendo el feto, los dos agentes estaban en medio de la habitación. Empecé a gritar que los sacaran. La médico accedió (…) en todo momento permanecí esposada”. La “testigo protegida” denunció a los funcionarios del CIE y al Hospital, pero la denuncia fue archivada por el juzgado sin tomar declaración a la denunciante. A pesar de que su abogado solicitó al Director General de la Policía Nacional y al Subdelegado del Gobierno del Málaga la apertura de un procedimiento disciplinario al respecto, esta actuación no se habría llevado a cabo.
Actuaciones y trato en el ámbito policial
En ausencia de procedimientos adecuados de identificación, el primer contacto de las víctimas con funcionarios/as del Estado se produce habitualmente en el marco de actuaciones policiales de control de la migración irregular en locales de ejercicio de la prostitución o en la calle. Generalmente, las fuerzas de seguridad, en esta primera intervención, no siguen ningún protocolo de cara a identificar a víctimas de trata y, según ha podido saber Amnistía Internacional, los agentes policiales habitualmente inician desde el primer contacto con las víctimas un procedimiento de expulsión, incluso en los casos en que éstas se muestran interesadas en presentar la denuncia. En este supuesto, el expediente queda en suspenso, durante la tramitación del procedimiento judicial.
En España, la trata de personas se aborda como un problema de orden público y de control de inmigración y no desde la perspectiva de la protección de los derechos de las víctimas de un grave delito, lo que ha venido siendo denunciado por organizaciones especializadas. Así, víctimas de trata en quienes concurre la condición de situación administrativa irregular pueden ser ingresadas en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) y ser expulsadas del país sin que existan garantías que puedan evitarlo. Organizaciones como AMPRAMP con amplia experiencia en el acompañamiento a víctimas de trata han informado a Amnistía Internacional151 sobre el frecuente ingreso de éstas en los CIEs, la mayor parte de las cuales son expulsadas a sus países de origen sin garantías de seguridad. Según esta información, mujeres víctimas de trata podrían ser ingresadas a los centros junto a las personas responsables de la trata y ser expulsadas conjuntamente. Así lo relata la representante de una organización de acompañamiento a víctimas de trata: “una de las cosas que dijimos durante la elaboración del Plan [Nacional] es la cantidad de mujeres que se consideran inmigrantes irregulares, que se las mete en un centro de internamiento, que además se las mete con todo “el pack” (con la mujer que las trajo, la que hace de mediadora…), entonces claro, es muy difícil que una mujer internada en un CIE logre denunciar”.
La citada representante informó a Amnistía Internacional de que no sólo las víctimas de trata son ingresadas en los CIEs, sino que una vez dentro las fuerzas de seguridad, en algunos casos, investigan y detectan a las víctimas que pueden colaborar. Las mujeres que no quieren o no pueden colaborar son expulsadas como inmigrantes en situación irregular. Así relata esta representante el procedimiento policial: “Entonces ellos (la policía) por sus intervenciones, identifican a la que puede colaborar y le proponen: si colaboras vas fuera (del CIE), pero (…) ¿qué pasó? Quince días con miembros de su misma red, con personas que eran justo las que le estaban traficando…”
Estas prácticas policiales suponen, además, la vulneración de uno de los derechos fundamentales de las víctimas de trata, previsto en el Convenio Europeo, que es la concesión un “período de recuperación y reflexión”, de al menos treinta días. Este período resulta fundamental para que las víctimas comiencen su recuperación física y psicológica y decidan sobre las alternativas de salida de la trata, y sobre la interposición de una denuncia, debidamente asesoradas y acompañadas. Durante este período las víctimas no pueden ser expulsadas del país. Algunos organismos como la OSCE-ODIHR recomiendan la adopción de un período de reflexión de tres meses.En España, el Plan Integral establece “el reconocimiento de un período de reflexión de, al menos, treinta días”, al igual que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Amnistía Internacional acoge con satisfacción la adecuación del Plan Integral y la legislación española a lo previsto en el Convenio Europeo en este aspecto, pero alerta sobre la falta de precisión de la duración del citado período de reflexión y recomienda extenderlo a tres meses. También existe preocupación porque a seis meses de la aprobación del Plan Nacional, el Gobierno español no haya dictado ningún tipo de directriz para el reconocimiento de facto del período de reflexión, mientras se aprueba la reforma de la Ley de Extranjería. De acuerdo a la información proporcionada a Amnistía Internacional por una organización que integra la Red Española contra la
Trata de Personas, tras aprobarse el Plan Integral, representantes policiales solicitaron indicaciones acerca de la incidencia del reconocimiento del período de reflexión en el proceder policial, y la respuesta fue la de no cambiar el procedimiento de extranjería habitual. Al cierre de este informe, en junio de 2009, se sigue iniciando el expediente de expulsión a mujeres extranjeras en situación administrativa irregular que se sospecha pueden ser víctimas de trata.
Amnistía Internacional alerta de que la falta de procedimientos formales de identificación también puede afectar a la detección de víctimas de trata de países comunitarios o con nacionalidad española. El protagonismo de la Ley de Extranjería en la actuación del Estado respecto a las víctimas de trata (incluidas las acciones de identificación indirecta que son realizadas generalmente en controles de extranjería) puede estar generando situaciones de invisibilidad y desprotección respecto a víctimas de trata de nacionalidad española o mujeres y niñas provenientes de países comunitarios. Representantes de organizaciones que gestionan recursos de atención para víctimas de trata confirman que “en el caso de las mujeres rumanas, por ejemplo, ahora ya no se hace nada con ellas, no se profundiza más… Se dice: como ya no eres irregular, a mí como policía, no me interesa tu situación, entonces no hago nada. No se las identifica, ni deriva, ni informa. Esto es muy preocupante” y alertan del escaso número de mujeres de estos nuevos países comunitarios que acceden a los recursos de alojamiento y atención en la actualidad: “el piso antes estaba lleno de mujeres rumanas y ahora sólo hay una.”
Resulta fundamental que el Gobierno español establezca un mecanismo de identificación y adquiera un compromiso expreso de no discriminación que garantice el acceso de todas las víctimas de trata, independientemente de su situación administrativa y su nacionalidad, a las medidas de asistencia y protección establecidas en el Plan Integral y en el Convenio Europeo.
Mercy Igiede1, de nacionalidad nigeriana y 40 años de edad, fue víctima de mutilación genital en su país y llegó a España en una patera en 2002. En una continuo de diversas formas de violencia de género, en 2004 inició una relación de pareja con un hombre que desde el inicio la agredía psíquica y físicamente, especialmente durante su embarazo. La intervención de los servicios sanitarios a los que acudió Mercy para curarse de las agresiones, no derivó en ningún procedimiento judicial contra su agresor. A las lesiones y secuelas derivadas de las agresiones Mercy debió añadir, a partir de 2005, el contagio del virus de VIH–Sida, transmitido por su pareja. En 2007, tras separarse de su agresor, Mercy se decidió a denunciarle y, ante la persistencia de sus amenazas, obtuvo una orden de protección judicial y pidió el ingreso en un centro de acogida. En el mes de julio de 2007 residió un breve período en dos centros de emergencia, tras el cual el Instituto Andaluz de la Mujer, en contra de la opinión de la asesora de la organización de mujeres que la apoyaba, decidió proponer su traslado a un centro para enfermosde VIH. Mercy accedió al traslado por desconocimiento y durante un mes y medio debió compartir alojamiento únicamente con hombres en un centro donde no se le proporcionaba ninguna atención especializada en violencia de género y en el que llegó a sufrir intentos de agresión sexual por parte de los internos. El ingreso en este centro provocó a Mercy una crisis con parálisis facial y del cuerpo.
A raíz de las gestiones realizadas por la familia del agresor y, en vista del grave deterioro físico y psíquico sufrido, Mercy ha sido privada de la guarda y custodia de su hija, lo cual le ha supuesto una enorme angustia. A pesar de estar gravemente enferma, y de carecer de ingresos salvo lo que le reportan algunas horas de trabajo doméstico, Mercy ha sobrevivido desde que obtuvo la orden de protección judicial, en julio de 2007, hasta abril de 2009 sin apoyo económico alguno. En el mes de abril de 2009, tras numerosas gestiones en las que ha sido apoyada por diversas ONGs, y una vez que ha sido admitida a trámite su solicitud de asilo, Mercy ha logrado cobrar la Renta Activa de Inserción (RAI) consistente en 421,79 euros/mes en 2009, cuya duración máxima es de 11 meses.
Ocho años después de sufrir un intento de atropello y quince puñaladas en órganos vitales por parte de su exmarido, Ascensión Anguita Quesada167 no ha recibido indemnización alguna ni apoyo institucional para su completa recuperación, a pesar de las graves secuelas físicas y psíquicas que sufre a raíz de la agresión. El único ingreso que percibe son 401,04 € de la pensión de incapacidad total para trabajar que le reconoció la Seguridad Social a raíz de las secuelas, que junto a los préstamos de algunas amistades, representa su sustento y el de sus dos hijas. Además de la preocupación por la ausencia de apoyo para su recuperación y la de sus hijas, y por la falta de autonomía económica, desde hace un año Ascensión también teme por su seguridad. En julio de 2008 su agresor comenzó a obtener permisos penitenciarios y ella alberga el temor de que durante esos días de libertad vaya a atentar de nuevo contra su vida. Ha solicitado protección a diferentes instancias, incluida la unidad de la Policía Nacional encargada de proteger a mujeres con orden judicial de protección, cuya respuesta intranquilizó aún más a Ascensión. “Me dijeron que había un inspector para 150 mujeres maltratadas, que no tenían medios y que, si me quiere matar, lo va a hacer”, recuerda. A pesar de que finalmente el Instituto Andaluz de la Mujer le proporcionó un teléfono móvil GPS, afirma que “las propias fuerzas de seguridad y los organismosde igualdad me dijeron que no sirve para nada, que si me quiere agredir lo va a hacer, y que solamente puedo contar con mi prevención, no saliendo a la misma hora, no haciendo el mismo recorrido, no saliendo sola”. En la actualidad, durante los seis días al mes que su agresor disfruta del permiso penitenciario, Ascensión permanece escondida en un municipio distinto al suyo y según relata “me paso durmiendo los seis días”. La falta de seguridad le impide consolidar su recuperación y le ha sido diagnosticado un “shock postraumático indefinido”
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