En la página de la página web de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social aparece la siguiente noticia:
«Las rentas básicas de inserción, que cobran aquellas personas que no perciben ningún otro ingreso, han experimentado un gran despegue con la crisis. Si en 2007 apenas se habían incrementado un 0,40% respecto al año anterior, en 2008 ya subieron más de un 10%, y en 2009 el salto fue del 37,3%.
Las rentas de inserción, o básicas, se solicitan en las oficinas de los servicios sociales públicos cuando no se dispone de ningún otro apoyo económico o se han ido perdiendo los que se tenían: primero el paro y después las demás ayudas que el Gobierno puso en marcha para paliar las consecuencias de la crisis. Los perceptores son familias que están en el umbral de la pobreza o en riesgo de caer en la exclusión.
EAPN ya dio la voz de alarma. En su última Asamblea General en Lisboa, en junio, se redactó un manifiesto donde se pide a los Estados que «obliguen a los bancos a asumir su parte del desastre y se introduzcan impuestos sobre las transaciones financieras para financiar la inversión social». Asimismo, se recuerda la necesidad de establecer una renta mínima adecuada en el marco europeo. Parecidas reflexiones se recogen en el manifiesto de los trabajadores sociales firmado en mayo en Zaragoza».
En Canarias dicha renta recibe el nombre de Prestación Canaria de Inserción, y si bien puede suponer una esperanza para reorganizar enconómicamente la vida de una familia, es importante destacar que también deja al margen a otras familias dado que en el momento de su redacción y creación no se tuvo en cuenta ni la crisis económica ni se sabía los efectos que tendría y la duración de la misma. Por tanto ahora nos encontramos con familias que la han recibido en su totalidad (un año, más dos renovaciones de seis meses cada una, con lo cual dos años de prestación) y que ahora no pueden volverla a solicitar por que uno de los aspectos que se ha valorado en la redacción de la misma es que es este tiempo de dos años es el único que puede cobrarse, ya que aunque existe una excepcionalidad de 6 meses más, es muy difícil que esta excepcionalidad sea aceptada, ya demás el número de familias que necesitarían acceder a ella es tan amplio que no tiene cabida el concepto de excepcionalidad, que por otra parte tiene un tiempo de duración (6 meses) insuficiente.
Así nos encontramos con familias que empezaron a recibirla hace dos años, al inicio de la crisis y que a pesar de sus esfuerzos no han podido regularizar su situación dado el nivel de desempleo actual, que en Canarias no ha hecho más que incrementarse, les ha impedido acceder a un trabajo y con éste a una fuente fija de ingresos económicos para la subsistencia de la unidad familiar. Finalizado esta prestación se ven ante la imposibilidad de seguirla cobrando, no pueden acceder a prestación o subsidio por desempleo, ni a la renta activa de inserción con lo cual se ven abocadas directamente a un proceso de exclusión social que se supone es lo que quería evitar la implantación de la Prestación Canaria de Inserción.
Se hace necesario un replanteamiento y una nueva redacción de la Ley que regula la prestación con el fin de que puedan valorarse los tiempos de recepción de la misma y adecuarse a la situación de crisis social de la misma, así como que suponga esta revisión un replanteamiento de la organización y una mejora en la coordinación de los recursos públicos, privados y ONG’s que se están encargando de llevar a cabo medidas de inserción socio laboral con el fin de que el objetivo de la prestación pueda cumplirse con unas garantías aceptables, es decir, servir como apoyo o sustento para unidad familiar en el tiempo que ésta está reorganizándose para mejorar su situación social, laboral y económica, evitando la dependencia de los servicios sociales y fomentando al máximo la autonomía y la capacidad de la persona para resolver su situación.
Se necesita principalmente una mayor amplitud en la interpretación y puesta en marcha de la prestación para que pueda ajustarse no sólo a la realidad social actual, que tras la crisis ha llevado a que el perfil de personas demandantes de esta prestación haya cambiado, sino que sea más fácilmente adaptable a las situaciones personales concretas, ya que a veces ajustarlas a lo establecido en el marco general de una ley es sumamente complicado y tiene como consecuencia el dejar en ocasiones a familias fuera del acceso a la prestación y por tanto no sólo despreotegidas sino que son «víctimas» de una injusticia social provocada por el mismo sistema que intenta paliar las consecuencias del desarraigo social.
Temas Sociales 